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Argentina está a la vanguardia de derechos para las minorías. Leyes que no quitan derechos a otras ciudadanas o ciudadanos sino que se los otorgan a grupos y colectivos de la población marginados. Hoy esos Derechos están en peligro. Desde ABGRA queremos aportar no solo un ejercicio de memoria, sino también un llamado a la acción.

En 2006 se promulgó la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) que tiene entre sus objetivos “promover actitudes responsables frente a la sexualidad”. El resultado: baja significativa en los embarazos adolescentes, aumento sustantivo en denuncias de niñas y niños por casos de abuso sexual infantil y pedofilia.

En 2010 se promulgó la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618) se equiparó las uniones de personas del mismo sexo con las de parejas heterosexuales: mismos derechos y obligaciones para los cónyuges, posibilidad de pedir permiso para cuidar a la pareja enferma, mismas obligaciones para sostener el hogar y el proyecto de vida, posibilidad de adoptar y consolidar una familia, posibilidad de heredar a la muerte de uno de los cónyuges y tantas otras cuestiones que hacen al derecho de las personas y las familias. ¿Perdieron las parejas heterosexuales esos derechos? No.

Cuando en 2009 vio la luz la Ley 26485, que promueve la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se puso negro sobre blanco un tema muy oculto: la violencia doméstica ejercida sobre las mujeres. Y supimos y aprendimos que existe la violencia física que deja sus marcas y que puede llegar a quitar la vida, pero también otras formas de violencia más sutiles que menoscaban y degradan la condición de las mujeres. Y que había sanciones específicas para los violentos.
Tres años después se promulgó la Ley 26.791, que modifica el Código Penal incorporando en el artículo 80 el agravamiento de la pena en los homicidios vinculados con la violencia por razones de género y aprendimos una nueva palabra: femicidio. Femicidio no es, como expreso Milei, un privilegio. Es poner en la mesa la carta que indica que hubo un asesinato por el sólo hecho de ser mujer (cis o trans). Que el asesino sintió que era superior porque era hombre.

Ese mismo año (2012) se sancionó la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y lxs compatriotas trans pudieron tener reconocido desde el estado el género con el que se identifican, ya que la norma indica que toda persona tiene derecho (artículo 1, inciso c) “A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.” ¿Se perdió algún derecho de la población? No. ¿Se ganó algo en la sociedad? Si, ciudadanas y ciudadanos que dejaron de ser marginales.

Desde los discursos oficiales del gobernante de turno se promueve la violencia contra el diferente, el que piensa distinto y sobre las mujeres. Una de las primeras acciones de este gobierno fue cerrar el Ministerio de Mujeres, Identidades y Géneros. Y desfinanciar la línea 144 donde se denuncia la violencia doméstica. En el último discurso en Davos, un foro de economía mundial, el discurso equiparó la homosexualidad con la pedofilia, el feminismo busca “privilegios” y que la agenda Woke es el cáncer que se debe extirpar.
Como bibliotecarias y bibliotecarios somos la fuerza que puede torcer estas ideas, con acceso equitativo e igualitario a la información, democratización de la lectura y promoviendo la actitud crítica frente a la masa informativa.

Desde ABGRA invitamos a participar activamente de la marcha convocada por el colectivo LGBTI+ para el sábado 1 de febrero a las 16 horas. Parte de Plaza de los Dos Congresos, lugar donde los Derechos se pelearon hasta su sanción y llega a Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo para hacerle saber que es su deber cumplir y hacer cumplir esas leyes.