La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) desea expresar su profunda preocupación por las recientes medidas adoptadas en el marco de la Resolución 710/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que establece la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS).
Consideramos que algunas de las atribuciones otorgadas a la UIAAS podrían representar una amenaza directa a los derechos fundamentales de privacidad de los datos personales y a la libre expresión de los usuarios de nuestras bibliotecas. En particular, el análisis de la actividad en redes sociales mediante el uso de algoritmos de aprendizaje profundo y otras técnicas informáticas debe estar alineado con los principios democráticos, diseñado de manera transparente y con garantías de rendición de cuentas. Es imperativo que las bibliotecas, como instituciones que entienden las necesidades de los usuarios y poseen una sólida experiencia en ética de la información, sean incluidas en todos los procesos de toma de decisiones relevantes.
La recopilación y procesamiento de grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes con el fin de extraer información útil, crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos puede conducir a la vulneración de derechos fundamentales. Por ello, abogamos por la transparencia algorítmica en el sector público, mediante la creación de repositorios o registros en línea de algoritmos utilizados, como herramientas indispensables para la defensa de los derechos democráticos y la rendición de cuentas de los gobiernos.
Todos tienen derecho a la seguridad, tanto en el ámbito digital como fuera de él. Es fundamental que se brinden opciones a las personas para proteger sus datos personales y se les resguarde de amenazas cibernéticas y contenidos engañosos. Es vital asegurar la privacidad de los individuos, previniendo la recopilación no autorizada y el uso indebido de sus datos.
Además, subrayamos la necesidad de realizar pruebas rigurosas y continuas para identificar y corregir posibles sesgos en los algoritmos mediante evaluaciones y auditorías algorítmicas. El uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público exige una ética de los datos que garantice la protección de la información personal, su manejo con integridad y el cumplimiento de políticas de privacidad robustas.
La democracia tiene la responsabilidad de promover la justicia social, y una inteligencia artificial democrática y democratizada debe servir como herramienta para el desarrollo social y económico equitativo. El uso de la IA debe estar orientado hacia el fortalecimiento de la democracia, buscando constantemente hacerla más igualitaria e inclusiva.
En virtud de todo lo expuesto, repudiamos el uso de tecnologías de inteligencia artificial con fines de vigilancia que resulten en la violación de derechos, prácticas discriminatorias, o que contravengan los principios éticos y democráticos.
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